La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Morelos emitió un posicionamiento crítico contra el incremento de diversos cobros municipales aprobados por el Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2026. El PRI advierte que el aumento de cargas tributarias al comercio formal puede afectar la economía local y generar el cierre de más negocios en un contexto ya complicado para pequeños y medianos establecimientos.
El dirigente priista señaló que Cuernavaca cuenta con un presupuesto superior a los 2 mil 149 millones de pesos para este año, por lo que consideró urgente que el municipio reduzca el gasto corriente y disminuya lo que calificó como una nómina obesa, para destinar mayores ahorros a servicios públicos en lugar de incrementar la presión fiscal sobre contribuyentes.
El Ayuntamiento de Cuernavaca aprobó en diciembre de 2025 la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, que contempla ajustes en diversas tarifas municipales. Los incrementos incluyen derechos por servicios de catastro, licencias de funcionamiento comercial, permisos de construcción, y servicios de agua potable. Las autoridades municipales han justificado estos ajustes argumentando la necesidad de actualizar tarifas que no habían sido modificadas en varios años y la inflación acumulada.
El gobierno municipal también argumenta que los recursos adicionales generados por estos incrementos se destinarán a mejorar servicios públicos como recolección de basura, mantenimiento de vialidades, alumbrado público y seguridad. Sin embargo, la oposición política cuestiona si efectivamente existe una vinculación directa entre los ingresos adicionales recaudados y mejoras tangibles en los servicios que recibe la población.
El PRI argumenta que incrementar cargas tributarias al comercio formal en el contexto económico actual puede resultar contraproducente. Muchos pequeños y medianos negocios aún enfrentan dificultades para recuperarse completamente de los impactos económicos de años anteriores, y el aumento de costos operativos puede llevarlos a situaciones insostenibles.
Existe también una preocupación sobre la equidad del sistema tributario municipal. Mientras el comercio formal enfrenta incrementos en sus obligaciones fiscales, amplios sectores de la economía informal no contribuyen proporcionalmente a los ingresos municipales. Esta asimetría genera resentimiento entre comerciantes establecidos que cumplen sus obligaciones y enfrentan competencia desleal de negocios informales con menores costos operativos.
La crítica priista sobre la estructura de gasto del municipio de Cuernavaca apunta a un debate recurrente en la administración pública mexicana: la proporción del presupuesto que se destina a gasto corriente, principalmente sueldos y prestaciones del personal, versus el gasto destinado a inversión en infraestructura y servicios.
Los gobiernos municipales en México frecuentemente destinan porcentajes muy elevados de sus presupuestos a gasto corriente, dejando márgenes estrechos para inversión. Esta situación se agrava cuando existen plazas duplicadas, estructuras administrativas infladas, o prestaciones que no corresponden a la capacidad financiera real del municipio. La racionalización del gasto corriente es un desafío político complejo que enfrenta resistencia de sindicatos y trabajadores.
El PRI ha planteado que antes de incrementar cobros a contribuyentes, el Ayuntamiento debería implementar medidas de austeridad y eficiencia administrativa. Esto incluiría revisar la estructura de la nómina municipal, eliminar plazas innecesarias o duplicadas, reducir gastos superfluos en áreas administrativas, y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos y derechos ya existentes pero con baja tasa de cumplimiento.
También sugieren fortalecer los mecanismos de combate a la evasión fiscal y ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización de comercios que actualmente operan al margen de las obligaciones tributarias. Estas medidas podrían incrementar ingresos municipales sin aumentar la carga sobre quienes ya cumplen sus obligaciones.
Más allá de la confrontación partidista, el debate sobre la estructura de ingresos y gastos del municipio de Cuernavaca refleja tensiones legítimas sobre prioridades de política pública. Los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos y a cuestionar si los incrementos tributarios se justifican por mejoras correspondientes en servicios.
El Ayuntamiento de Cuernavaca tendría que fortalecer sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, publicando información clara sobre la aplicación de los recursos adicionales generados por los incrementos tarifarios. La confianza ciudadana en el gobierno municipal depende de la percepción de que los recursos se utilizan eficientemente y se traducen en beneficios tangibles para la población.